Inmigración y prisión. Un reto social pendiente de abordaje

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Durante los últimos diez años he tenido la oportunidad de desarrollar parte de mi labor profesional en dos centros penitenciarios. Mi tarea formaba parte de las acciones del Programa de Intervención con drogodependientes, desarrollado por la Fundación Aldaba – Proyecto Hombre (Valladolid). Nuestra intervención en los centros penitenciarios está amparada por la propia Ley Penitenciaria que posibilita la participación de asociaciones e instituciones privadas como entidades colaboradoras.

Y a pesar del tiempo, aún recuerdo la primera vez que entré en una prisión. Lo primero que llamó mi atención fue el olor a hacinamiento, la sensación de que la vida allí era en blanco y negro y la ausencia de individuos en favor de una masa uniforme de seres humanos que se movía en, no sé qué, baile rutinario y monótono. Pero también la mirada intensa de decenas de ojos, que te traspasan y te interrogan, que te interpelan y te suplican… eso te acompaña desde entonces y para siempre.

Y aunque esas sensaciones iniciales se atenúan por la costumbre, el peso de las miradas no sólo se mantiene, incluso se incrementa, pues el número de presos ha aumentado y los perfiles y realidades son cada vez más diversas.

Durante todos estos años, he percibido como la realidad sociológica de las instituciones penitenciarias se ha ido modificando, ya que éstas, como pequeñas microsociedades no son ajenas a los cambios sociales y como tales sufren también sus efectos. La inmigración, como fenómeno reciente (o no tanto), que afecta e interpela a la sociedad en general, ha dado, también, un nuevo rostro a la dura realidad de las prisiones.

La presencia de población inmigrante y/o extranjera ha cambiado el color de la prisión. Y aunque mi sensación es que la realidad de la inmigración nos ha pillado a todos un poco a traspiés, es innegable que ha afectado a nuestra forma de trabajo y nos obliga a adaptar nuestras propuestas si queremos dar respuesta a las nuevas demandas.

En este sentido, si pensamos que el objetivo de las penas privativas de libertad es la reeducación y la resocialización, y que éste es un objetivo complejo con la población penitenciaria en general, en lo que se refiere a la integración de las personas inmigrantes, este camino está plagado de dificultades.

Y es que, de ésta experiencia de trabajo en la prisión y del contacto con los diferentes reclusos con los que he tenido ocasión de tratar, he constatado que ese proceso de resocialización pasa por contrarrestar algunos de los  efectos psicosociales que genera la prisión: el incremento del grado dependencia y la progresiva institucionalización de los comportamiento, la disminución del sentido de responsabilidad, la devaluación de la auto-imagen teñida sin embargo de una barniz de seguridad, el aumento de aprendizajes sociales desadaptados que facilitan, sin embargo, la supervivencia en el medio carcelario, la despersonalización, ansiedad, falta de control. Todos ellos, son consecuencia de la necesidad de adaptación a un medio en el que la agresividad y la hostilidad empujan a generar formulas de autoprotección. Estas formulas son, además, las mismas que la población inmigrante aprende y pone en práctica, pues dicha hostilidad es si cabe más notoria por su condición de extranjeros. Y en esta tarea he visto como trabajan intensamente, trabajadores sociales, psicólogos, educadores, y profesionales de las entidades colaboradoras… Pero su trabajo, nuestro trabajo, parece a veces insuficiente.

Yo diría que incluso en ocasiones puede ser hasta frustrante, porque lo que ocurre es que, ese trabajo que hacemos para fortalecer los recursos personales y preparar a la persona para su futura reinserción tiene que ir acompañado de la puesta en práctica de las medidas que la propia Ley Penitenciaria establece para ello. Medidas cuyo objetivo es ir preparando al preso para su futura vida en libertad. Esto en la teoría y sobre el papel está muy bien, pero la práctica es otra cosa.

Inevitablemente, y pese a que mi presencia en el centro penitenciario estaba ligada a labores educativas y terapéuticas, he tenido ocasión de recibir de los presos con los que trabajaba, los mil y un comentarios sobre la denegación de permisos, la no concesión de un tercer grado o de la libertad condicional, la dificultad para ser atendidos por los abogados, los traslados de centro penitenciario…Y, justificado o no, es cierto que algunos de los instrumentos que favorecen la resocialización  no siempre son de fácil aplicación.

En el caso de la población inmigrante, la limitación es mayor, pues es muy difícil que se den las condiciones necesarias para que se puedan aplicar de acuerdo a los criterios que se establecen para su concesión y porque las garantías de seguridad y adecuado cumplimiento se miran con más prevención.

Así pues, es muy complicado para éstos obtener un permiso de salida si tenemos en cuenta que es necesario que tengan fijado un domicilio o que demuestren arraigo familiar. En ocasiones, no es que no exista ese arraigo familiar, es que, a veces, éste no es demostrable pues los miembros de la familia están en situación irregular. Y no hablemos de un tercer grado para trabajar, o para realizar un tratamiento de rehabilitación, su situación de irregular es un claro inconveniente para ello. Naturalmente, resolver una situación de irregularidad es casi un milagro, y no es inusual que algunos de ellos te cuenten que no les es posible renovar sus papeles aunque están legales en España, incluso en los casos en que su situación es de presos preventivos y por tanto se mantiene la presunción de inocencia.

Con todo ello puede ser muy decepcionante decirle a alguien que, pese a sus esfuerzos, su buena conducta, sus progresos… las alternativas y posibilidades para rehacer su vida en nuestro país son ciertamente escasas por no decir inexistentes y que su futuro aquí pinta bastante negro. Y esta decepción no sólo vivimos los que trabajamos de la mano de las asociaciones o entidades colaboradoras, sino también de los propios profesionales de los Centros Penitenciarios que se ven atados de pies y manos para poder ofrecer alternativas más halagüeñas. Esto no deja de ser una paradoja cuando parte de la tarea de los que estamos allí tiene como objetivo contribuir a esa resocialización que menciona la Ley y el Reglamento Penitenciario.

Creo personalmente, que para que las cosas cambien habría que abordar en algún momento una reforma y actualización de la Ley Penitenciaria, de la Ley de Extranjería y del Código Penal. En relación al tratamiento de los inmigrantes con conductas delictivas, en algunos aspectos incurren en contradicciones que no contribuyen en nada a clarificar todo este complejo entramado.

Por otra parte, desde una perspectiva social, yo diría que también habría algunos pasos que dar, y en este sentido mi propuesta iría por, tomar conciencia de que esta realidad existe, y que sus protagonistas son sujetos de derechos, entre otros, del “derecho a una vida mejor”, que es a lo que aspiramos todos, pese a que algunas veces emprendamos caminos erróneos para conseguirlo. Romper con la cómoda actitud de consentir, con el silencio y el olvido, que las cárceles sean “almacenes” de todos aquellos miembros “disfuncionales”, “distintos” de nuestra sociedad, haciendo de ella una herramienta útil para enterrar “el problema” de la inmigración. Arriesgarnos a conocer, a escuchar, a sentir el sufrimiento y el drama humano de quienes lo dejan todo en busca de nuevas alternativas y se encuentran con la nada. Apostar por las personas, creer realmente en las posibilidades de cambio, en las potencialidades que todos tenemos para corregir algunas de nuestras acciones si tenemos la oportunidad y las condiciones adecuadas para ello. Animarnos a actuar, a movilizar nuestros deseos de transformación, participando con colectivos y entidades que canalicen nuestra energía en beneficio del interés de los más invisibles, y, en definitiva, del interés general del que ellos también forman parte. Educarnos y educar a nuestro entorno en la prevención a través del cambio de actitudes hacia la segunda generación de inmigrantes para quienes ésta es ya su casa. Ejercitarnos en la tolerancia, en el respeto, en la solidaridad como valores universales que hacen de este mundo un espacio real de convivencia y de oportunidades para todos.

Otras medidas y políticas legales y sociales tal vez no estén en nuestra mano, pero, en el juego de la participación social y del ejercicio de la ciudadanía, negarse a asumir el papel que a cada uno nos corresponde es una irresponsabilidad cuyas consecuencias acabamos padeciéndolas mal que nos pese.


Arantxa Cantero López

Licenciada en Derecho. Responsable de la Asesorí­a Jurí­dica de Fundación Aldaba - Proyecto Hombre, Valladolid (España).

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